Diana Jiménez Reportera de e-consulta Presente: A partir de la presente administración, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha incrementado y fortalecido las acciones institucionales en favor de las víctimas del delito, principalmente tratándose de menores que sufren algún tipo de violencia al interior del núcleo familiar. Con relación a los comentarios vertidos en la nota titulada: “Acusan al DIF por despojo de menor a un activista por presunto maltrato”, le comento lo siguiente: El 19 de febrero de los corrientes, el área especializada en investigación de delitos sexuales y violencia familiar inició la averiguación previa 495/2012/AESEX tras haber recibido un reporte por parte del Hospital Universitario de Puebla respecto al ingreso de una menor de 6 años de edad que presenta fractura de brazo izquierdo presuntamente ocasionado por un familiar. Al constituirse en el citado nosocomio, el representante social detectó que además la menor presenta otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, mismas que encuadran en el llamado “síndrome del niño maltratado”. A raíz de estos hechos compareció voluntariamente el padre de la menor, Antonio Fernández Sánchez, quien –aclaro-, nunca estuvo ni está detenido al no existir flagrancia delictiva. Una vez que concluyó la diligencia ministerial se retiró de la agencia del Ministerio Público. Dicho sujeto argumentó que las lesiones de la menor le fueron provocadas por su hermano mayor, de nueve años de edad, a quien describió como un niño violento en razón de que le ha enseñado técnicas de boxeo, lucha y defensa personal. Dadas las circunstancias del caso, el Ministerio Público actuó en consecuencia y, con estricto apego a la ley, retiró la custodia de la menor a sus padres y de inmediato se dio vista al Sistema Estatal DIF para la correspondiente protección. Cabe subrayar que el mismo día Antonio Fernández Sánchez se comprometió a presentar ante la representación social al menor de nueve años de edad para que se le practiquen las valoraciones pertinentes y con ello corroborar lo dicho en torno a las agresiones hacia su hermana, sin embargo hasta el momento no ha acudido. La averiguación previa sobre el particular continúa en periodo de integración, por lo que el Ministerio Público, con apoyo de peritos, realizará cuantas diligencias sean necesarias para determinar responsabilidades; en tanto que la PGJ antepondrá a cualquier circunstancia la salud, seguridad e integridad de los menores de edad. Le envío un cordial saludo. Agradezco su atención y la publicación de la presente. ATENTAMENTE Lic. Ma. Cristina Ortiz López Directora del Gabinete de Comunicación PGJ-SSP

Diana Jiménez

Reportera de e-consulta

Presente:

A partir de la presente administración, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha incrementado y fortalecido las acciones institucionales en favor de las víctimas del delito, principalmente tratándose de menores que sufren algún tipo de violencia al interior del núcleo familiar.

Con relación a los comentarios vertidos en la nota titulada: “Acusan al DIF por despojo de menor a un activista por presunto maltrato”, le comento lo siguiente:

El 19 de febrero de los corrientes, el área especializada en investigación de delitos sexuales y violencia familiar inició la averiguación previa 495/2012/AESEX tras haber recibido un reporte por parte del Hospital Universitario de Puebla respecto al ingreso de una menor de 6 años de edad que presenta fractura de brazo izquierdo presuntamente ocasionado por un familiar.

Al constituirse en el citado nosocomio, el representante social detectó que además la menor presenta otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, mismas que encuadran en el llamado “síndrome del niño maltratado”.

A raíz de estos hechos compareció voluntariamente el padre de la menor, Antonio Fernández Sánchez, quien –aclaro-, nunca estuvo ni está detenido al no existir flagrancia delictiva. Una vez que concluyó la diligencia ministerial se retiró de la agencia del Ministerio Público.

Dicho sujeto argumentó que las lesiones de la menor le fueron provocadas por su hermano mayor, de nueve años de edad, a quien describió como un niño violento en razón de que le ha enseñado técnicas de boxeo, lucha y defensa personal.

Dadas las circunstancias del caso, el Ministerio Público actuó en consecuencia y, con estricto apego a la ley, retiró la custodia de la menor a sus padres y de inmediato se dio vista al Sistema Estatal DIF para la correspondiente protección.

Cabe subrayar que el mismo día Antonio Fernández Sánchez se comprometió a presentar ante la representación social al menor de nueve años de edad para que se le practiquen las valoraciones pertinentes y con ello corroborar lo dicho en torno a las agresiones hacia su hermana, sin embargo hasta el momento no ha acudido.

La averiguación previa sobre el particular continúa en periodo de integración, por lo que el Ministerio Público, con apoyo de peritos, realizará cuantas diligencias sean necesarias para determinar responsabilidades; en tanto que la PGJ antepondrá a cualquier circunstancia la salud, seguridad e integridad de los menores de edad.

Le envío un cordial saludo. Agradezco su atención y la publicación de la presente.

ATENTAMENTE

Lic. Ma. Cristina Ortiz López

Directora del Gabinete de Comunicación PGJ-SSP