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sábado, 27 de octubre de 2012

Identifican PGJ y SSP a Policías Estatales implicados en agresión a ciudadanos


  • El Gobierno del estado reitera el compromiso de actuar con firmeza contra cualquier servidor público que actúe en desapego a la ley

El Gobierno del estado de Puebla informa los avances en torno a la agresión que cometieron policías en agravio de los ciudadanos Gerardo Rojas González y Jesse Brena García, la noche del sábado 20 de octubre del año en curso.


A menos de 6 días de ocurridos los hechos, la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, esclarece el caso con el aseguramiento de 3 policías estatales, derivado de la averiguación previa 587/2012/CENTRO, en la que los agraviados refirieron que alrededor de las 23 horas del día referido, caminaban sobre la calle 16 de septiembre a la altura del bulevar Las Torres cuando fueron interceptados por 2 uniformados que bajaron de una patrulla tipo pick up con el argumento de que los denunciantes habrían cometido una falta administrativa. Posteriormente un tercer policía que bajó de la camioneta, ordenó que subieran a la batea a los dos ciudadanos llevándolos por diversos recorridos que incluyeron la parte trasera del mercado Independencia y la intersección del cruce de bulevar Atlixco y Periférico, sitio en el que finalmente los uniformados dejaron a los ciudadanos, no sin antes despojarlos de pertenencias. Los afectados lograron llegar caminando hasta el fraccionamiento La Vista, en donde solicitaron apoyo y finalmente contrataron un taxi para llegar a la casa de uno de ellos. Tan pronto se tomó conocimiento de los hechos, se inició la averiguación previa ya citada. 


A través de diversas diligencias realizadas por el agente del ministerio público adscrito a la Dirección de Atención a Delitos cometidos por servidores públicos de la PGJ y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, se logró la ubicación y presentación de los policías en activo, que no habían realizado los exámenes de control de confianza: Fermín Martínez Arroyo de 47 años de edad, José Donasiano Lechuga González de 36 años de edad y José Luis García López de 39 años de edad.


Para lograr establecer la identidad de los presuntos responsables, se realizaron diversas diligencias por parte del Ministerio Público, tales como: inspecciones oculares, intervención de peritos en criminalística, retrato hablado y se dio fe de 21 patrullas de la Policía Estatal a efecto de determinar cuál fue la que se utilizó el día en que acontecieron los hechos.

 Fermín Martínez Arroyo

Cabe subrayar que los retratos hablados coinciden con las características de los hoy asegurados y cuando las víctimas tuvieron a la vista a los presuntos agresores, identificaron plenamente a 2 de ellos, siendo estos Fermín Martínez Arroyo y José Donasiano Lechuga González.
 José Donasiano Lechuga González

Considerando que hoy se está presentando a los 3 policías estatales, se continuará con las investigaciones pertinentes, dado que podrían estar vinculados con otros hechos. Conforme las indagatorias lo permitan se ampliará la información en torno al caso. 


El Gobierno del estado de Puebla reitera su compromiso de actuar con firmeza en contra de quien realice conductas contrarias a las normas éticas y legales que deben respetarse.

viernes, 14 de octubre de 2011

El juez gira orden de aprehensión contra el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, confirma la Procuraduría General de Justicia.

-   El aún funcionario está prófugo de la justicia, se le inició averiguación previa en la dirección de delitos cometidos por servidores públicos.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla confirma que existe una orden de aprehensión girada en contra de Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior quien en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia.
Derivado del proceso penal  242/2011, se giró la orden de aprehensión contra el aún funcionario. Lo anterior debido a que Hernández Quintana en 2006 fue contratado como auditor externo del municipio de Tlatlauquitepec y en enero de 2007 inicia una demanda civil contra aquel ayuntamiento por el pago de honorarios, meses más tarde  es designado como auditor general y toma conocimiento de las cuentas del municipio sin excusarse del caso y realizando la auditoría a pesar de que por ley estaba impedido ante el conflicto de intereses que esto implicaba.
Por lo anterior, la Dirección general de delitos cometidos por servidores públicos dependiente de la PGJ inició la investigación derivada de delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, lo que implica sanciones de tres a seis meses de prisión, multa de diez a cien días de salarios mínimos y la destitución o inhabilitación del cargo.
Una vez integrado el expediente por parte de la PGJ, el juez octavo de lo penal encontró los elementos necesarios para liberar la orden de aprehensión ante los hechos antes descritos.
De esta forma la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla refrenda su compromiso para actuar con apego a la legalidad incluidos los casos en los que están involucrados servidores públicos en activo.



Boletín   0523. 131011

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