RENOVACIÓN DE LA PGJ ANTE REZAGOS
Las
deficiencias en los recursos materiales, técnicos, financieros, aunadas a las
limitaciones en los aspectos relacionados con el factor humano, formaban un
caldo de cultivo ideal en el que se perpetuaban las desventajas institucionales
de la Procuraduría con respecto al resto de las Procuradurías o Fiscalías del
país; situación que repercute en el acceso a la justicia para la población.
Nos
encontramos con baja presencia de la Procuraduría General de Justicia en el
Estado, no sólo en términos geográficos sino poblacionales. Al respecto, la media nacional registra 3.2
agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes. Nosotros tenemos
1.02 agencias por cada 100 mil habitantes; pero somos la quinta entidad más
poblada del país. Si consideramos la posición geográfica estratégica de nuestra
entidad en el corredor golfo–pacífico, con miles de automóviles particulares y de
transporte de carga que a diario circulan por las carreteras cruzando nuestro
estado, y sumamos el hecho de que sólo tenemos 4 Agencias Especializadas en
Robo de Vehículos, entonces podemos comprender el problema que representa un
simple dato estadístico.
Estas situaciones adversas concentraron
nuestra atención condicionando el sentido de nuestras primeras
actuaciones. Durante este primer año
dimos pasos decisivos para colocar la agenda de Procuración de Justicia entre
las prioridades de los poderes públicos locales. Afortunadamente el titular del Ejecutivo ha sido profundamente sensible a la
problemática de los ciudadanos con el acceso a la justicia. Que Puebla siga
siendo un estado donde prevalezca la paz social y la tranquilidad es
imprescindible para que se concreten todos los objetivos que guardan los ejes
de política pública.
También
hemos tenido la fortuna de contar con el invaluable apoyo de este Congreso
local. Aprovecho esta oportunidad para
agradecerles la discusión y aprobación de iniciativas importantes que en su
conjunto han fortalecido la arquitectura institucional de la procuración y
administración de justicia. Destaco la
Ley de Extinción de dominio así como las más recientes reformas al Código de Defensa Social y al Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla.
Asimismo,
tengo la confianza de que muy pronto se sume a la lista de reformas aprobadas
por ustedes la relativa a la tipificación del delito de feminicidio, una
necesidad impostergable así como un reclamo legítimo de Comisiones
Internacionales, Organismos Civiles y familiares de víctimas; aunque por
supuesto, al igual que el ejecutivo, soy respetuoso de los tiempos legislativos
que competen únicamente al Congreso esta.
AVERIGUACIONES PREVIAS Y NO SOLO
CONSTANCIAS DE HECHOS
Uno de los
principales obstáculos para la labor ministerial se relaciona con las llamadas
“constancias de hechos”, las cuales paulatinamente desvirtuaron el papel
fundamental del Ministerio Público, convirtiéndolo en fedatario público para
asuntos civiles. Desgraciadamente, se comenzaron a utilizar para registrar hechos delictivos, en lugar de
hacerlo correctamente registrándolos
como averiguaciones previas.
En
consecuencia, el Ministerio Público dejaba de practicar las principales
diligencias de ley, mientras que oficialmente la incidencia delictiva se
mantenía estable al reportar al Sistema Nacional únicamente lo relativo a
Averiguaciones Previas.
Por
acuerdo emitido por el suscrito en septiembre de 2011, se limitó el inicio de
las constancias de hechos a aquellos casos en donde los agentes del Ministerio
Público conozcan hechos que por su naturaleza no es posible en ese momento
determinar que implican la probable comisión de algún delito, pero se
estableció que la constancia de hechos permaneciera por el tiempo absolutamente
indispensable hasta en tanto se realicen las diligencias que permitan iniciar
la respectiva averiguación previa, prohibiéndose en todo caso el levantamiento
de constancias de hechos para constituir antecedente en procedimientos propios
de materia Civil, Familiar o trámites
administrativos.
Con esta acción,
indirectamente impactamos favorablemente en más de 20 trámites de la
administración pública estatal, como por ejemplo la reposición de licencia para
conducir, que marcaban dentro de sus requisitos la presentación de una
constancia de hechos. Ahora, ni los ciudadanos tienen que esperar mucho tiempo
para ser atendidos por el Ministerio Público sólo para levantar una constancia
de hechos, ni tampoco el Ministerio Público es distraído de su función vital en
la investigación de delitos para ejercer la de fedatario público.
Por otro
lado es preciso asentar que hoy sí se reporta la incidencia mensual por
municipio de los hechos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, tal y como
reportan los Ministerios Públicos en observancia del acuerdo ya comentado. El día de hoy, un delito conocido por el
Ministerio Público se traduce en el inicio de una Averiguación Previa, y ésta a
su vez, forma parte de la estadística mensual que se reporta a diversas
instancias.
CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL
CONTRA EL SECUESTO
Cabe
señalar que dada la importancia del Programa Nacional para Implementar la
Estrategia de Combate al Secuestro, durante este primer año integramos el
proyecto ejecutivo para la edificación y equipamiento de un inmueble, propiedad
del gobierno del estado, que se ubique a la vanguardia en tecnología,
infraestructura y prestaciones de seguridad tanto para las víctimas como para
los elementos de investigación y operaciones.
Seguramente muy pronto dará inicio la construcción de este importante
proyecto.
Nos dimos
a la tarea de crear la arquitectura institucional idónea para el funcionamiento
adecuado de esta Unidad de Combate al
Secuestro, realizando la alineación normativa que incluyó el decreto de
creación así como los protocolos de actuación. Lo más destacado de este proceso
de implementación han sido las estrategias y acciones desarrolladas para
atender y dar protección a víctimas y familiares una vez concluido el proceso
de liberación.
Todas
estas acciones se reflejan en el nivel de efectividad de 86.6% en la liberación
de víctimas de secuestro, tasa que no nos deja satisfechos pero que sin duda
marca un precedente, pues 39 víctimas liberadas en un año, se dice fácil pero
constituyen 39 oportunidades para volver a comenzar para igual número de familias.
En Puebla
estamos dando cabal cumplimiento al Acuerdo de Gobernadores por la Seguridad
Pública “Chihuahua”, firmado el 12 de octubre de 2010, el cual estableció la
obligación de equiparar Unidades de Combate al Secuestro conforme al modelo
nacional.
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS
PERICIALES
Por
primera vez fueron destinados recursos del Fondo de Mejoramiento para la
Procuración de Justicia en la adquisición de equipos imprescindibles para la
labor pericial, tales como el de secuenciación para la obtención de perfiles de
DNA o el de extracción automatizada para la extracción de sangre en papel,
hisopos o telas.
En una
acción sin precedentes, con el apoyo del Ejecutivo del Estado, logramos incluir
la prioridad de la PGJ, acerca de contar con mejores laboratorios, en las
demandas que el estado realiza a la comunidad científica nacional para ser
financiadas por el Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica. Esto significa que mediante la convocatoria
2011–2, publicada el pasado 8 de diciembre de 2011, quedaron garantizados 17 millones de pesos
para crear y equipar un laboratorio interdisciplinario de análisis científico
forense, que permitirá aportar los
elementos suficientes para esclarecer la comisión de hechos delictivos,
ayudando así a todas aquellas autoridades encargadas de procurar e impartir
justicia a emitir una resolución imparcial e irrefutable.
También
estamos trabajando en la integración de un proyecto para
construir la nueva sede de los Servicios Periciales. Además, personal de dicha
Dirección a acudido a diversas capacitaciones nacionales e internacionales.
TRABAJO DE
LA POLICÍA MINISTERIAL
Todo este
trabajo rindió como principal fruto la desarticulación de 130 bandas delictivas
con un total de 529 integrantes.
En
observancia a las políticas implementadas en el combate a la violencia de
género, se cumplimentaron 562 órdenes de aprehensión y reaprehensión. 270 por
violencia familiar, 166 por violación, 51 por ataques al pudor, 33 por estupro
y 42 por trata de personas, corrupción de menores y lenocinio.
Finalmente,
la Policía Ministerial puso a disposición del Ministerio Público a 973 personas
por delitos flagrantes, de los cuales 223 fueron por robo a casa habitación,
184 por robo a vehículo, 91 por portación de arma de fuego e instrumento
prohibido, 56 por homicidio, 55 por trata de personas y lenocinio, 42 por
delitos contra la salud y 20 por privación ilegal de la libertad.
MP VIRTUAL
Con la
finalidad de modernizar mecanismos de operación y crear valor público, el
pasado 1ero de febrero de 2012, en conjunción con el Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, realizamos una demostración del
funcionamiento del programa Ministerio Público Virtual.
Sabemos
que aproximadamente sólo el 31.6% de las personas que fueron víctimas de algún
delito presentaron una denuncia, lo que significa que el 68.4% de las víctimas,
por alguna causa, no denunciaron. Por esta razón nos abocamos a contrarrestar
los factores que desmotivan la denuncia por parte de los ciudadanos,
encontrando una oportunidad en la implementación del Ministerio Público
virtual.
Llamando
al 3 099 099 o 01 800 099 099, los ciudadanos podrán realizar una pre denuncia
por delitos que no sean graves y se persigan a petición de parte, tales como:
despojo, abuso de confianza, abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad
ajena, allanamiento de morada, robo simple, asalto y atraco.
En una
primera etapa, el programa de Ministerio Público Virtual abarcará únicamente la
zona metropolitana, pero se contempla implementarlo paulatinamente en el
interior del Estado.
CONTROL DE
CONFIANZA
Otra forma
de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública
es a través de la realización de exámenes de control de confianza a los
elementos que integran estas corporaciones; exámenes que además son parte de
los compromisos adquiridos por las entidades federativas en el seno del Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
Durante el
periodo enero-diciembre de 2011, se practicaron un total de 540 evaluaciones de
control de confianza, consistentes en exámenes médicos, toxicológicos,
psicológicos, poligráfico y de entorno social. Destaca en este rubro la
evaluación que se practicó a 65 servidores públicos para integrar la Unidad
Especializada en el Combate al Secuestro.
También
fueron evaluados todos los aspirantes a los cursos de especialización
impartidos por el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la
dependencia; resultando no aptos y dados de baja de dichos cursos un total de 118
personas. El resto del personal evaluado lo integran nuevos ingresos y personal
en activo para su permanencia en la Institución.
DIRECCIÓN DE DELITOS DE SERVIDORES
PÚBLICOS
Con la
finalidad de procurar el mejoramiento de la Función Pública combatiendo la corrupción, dentro de la
reforma administrativa que emprendimos al inicio de esta gestión, creamos la
Dirección General para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos,
Unidad Administrativa a través de la cual hemos iniciado 1,360 investigaciones por
diversos delitos, de las cuales se ha ejercitado acción penal contra 95 personas.
VISITADURÍA
GENERAL
Hacia el
interior de la dependencia también estamos realizando esfuerzos para corregir
malas prácticas que ponen en entredicho la puntual observancia de los
principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad; fue así como se realizaron 721 visitas de
supervisión técnica jurídica y de inspección interna a las agencias del
Ministerio Público y comandancias de la Policía Ministerial en el Estado, lo
que derivó en el inicio de 100 expedientes de responsabilidades administrativas
contra funcionarios que no están realizando su trabajo como es debido.
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Una de las
primeras medidas tomadas al inicio de la
gestión, consistió en la aplicación de una reforma administrativa integral
que conciliara la estructura de la
dependencia con los nuevos objetivos y retos de la procuración de justicia.
Se buscó delimitar
geográficamente y fortalecer el campo de acción del Ministerio Público, creando
las fiscalías generales Metropolitana y Regional; asimismo, en concordancia con
las más recientes reformas constitucionales en la materia, se confirió a la
Fiscalía General Jurídica, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del
Delito, la importante labor de propiciar una procuración de justicia respetuosa
de los derechos humanos y con perspectiva de género.
Con esta
filosofía en mente, se crearon la Dirección de Atención Integral a la Mujer y
la Dirección de Atención a Delitos contra la Mujer; la primera para otorgar asistencia necesaria a las mujeres cuando son
víctimas de delitos y la segunda, para dirigir las investigaciones que en los
hechos involucre la afectación de los derechos de las mujeres.
CAPACITACIÓN
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Para
propiciar la transición ordenada, eficiente y eficaz al nuevo sistema de
justicia, resulta primordial fortalecer la especialización técnico-científica-operativa
del personal sustantivo en activo y de nueva contratación.
Se
diseñaron y ejecutaron procesos de
selección basados en competencias profesionales y actitudinales, como el que
culminó con la conformación de la
Primera Generación de Personal Sustantivo Especializado en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal Adversarial, integrada por 74 personas: 42 agentes del
Ministerio Público, 16 peritos y 16 agentes de la Policía Ministerial.
Al recibir
la Dependencia, detectamos la existencia de un manejo empírico, pragmático y de
sentido común para la investigación de los delitos que resulta imperativo
profesionalizar si lo que se desea es mejorar los resultados.
Únicamente
recibimos 8 recomendaciones en materia de derechos humanos, de las cuales se
han cumplido cinco de manera cabal, teniéndose por concluidas, mientras que las
tres restantes están siendo atendidas.
En
comparación con el año anterior, tuvimos
un descenso de las quejas radicadas en las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos, pues el número de recomendaciones emitidas a la PGJ del Estado
descendió 43%. La Dirección de Derechos
Humanos de la Institución, mantiene estrecha comunicación con el Ombudsman,
para analizar de manera objetiva la presunta violación a derechos humanos y en
su caso, se resuelven a través del procedimiento de mediación y conciliación.
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS
A manera
de colofón, con relación a las principales
acciones de investigación y reacción operativa contra la trata de
personas en el Estado, mismas que se complementan con acciones para mejorar la
atención a las víctimas y sensibilizar la labor de las autoridades, destaca la
invitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica,
para participar en el Encuentro Binacional de Alto Nivel para la trata de
personas, realizado en Washington del 24 al 26 de octubre de 2011; encuentro
que ha contribuido en la discusión e implementación de acciones bilaterales en
el combate a este delito.
En
respuesta a denuncias ciudadanas se
realizaron 22 operativos de investigación y combate a la trata de personas, en
los que participaron agentes del Ministerio Público y Policías Ministeriales. Se
rescataron 153 víctimas, a quienes se
les brindó atención integral y se realizó la detención de tratantes.
Por
delitos en contra de las mujeres se iniciaron 2 mil 579 averiguaciones previas,
de las cuales se consignaron 383, se archivaron mil 45, se remitieron 170 a
otras agencias y continúan en investigación
981.
En cumplimiento
de las políticas en combate a la
violencia de género, se cumplimentaron 562 órdenes de aprehensión y
reaprehensión, 270 por violencia familiar, 166 por violación, 51 por ataques al
pudor, 33 por estupro y 42 por trata de personas, corrupción de menores y
lenocinio. Se aseguraron 16 inmuebles y 61 personas fueron consignadas.
Como
reconocimiento a nivel nacional de las acciones realizadas para el rescate de
víctimas en la lucha y combate contra la Trata de Personas, el pasado 13 de
diciembre de 2011, recibí de manos de la Presidenta de la Comisión Especial en
Contra de la Trata de Personas de la sexagésima primera legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la estatuilla denominada “Centurión”,
un logro colectivo que indica el rumbo que va tomando la Procuración de
Justicia en el Estado de Puebla.
MENSAJE PRINCIPAL
Puebla
está entrando en un tiempo nuevo que nos exige estar a la altura. Tengan la seguridad de que seguiré
brindándome al máximo para conducir la Dependencia que me confió el Doctor
Rafael Moreno Valle, Gobernador del Estado.
Tienen en mí un aliado para sacar adelante las transformaciones que
requiere la Procuración de Justicia para la nueva Puebla, la Puebla que merecen
nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros
indígenas, nuestra gente.
Sé
que el estado aguarda pendiente los resultados de mi quehacer en tanto
responsable de una dependencia crucial; por supuesto que no me quebraré ante
ningún reto ni ante ninguna adversidad por difícil que parezca, pero será más
vigorosa la intensidad de nuestro paso si la PGJ cuenta con el apoyo de esta
soberanía, apoyo que sabremos merecer y transformar en los cambios anhelados
por la población. Estoy a sus órdenes, muchas gracias.
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