“Con absoluto respeto a la
soberanía de cada entidad federativa y en un marco de confianza, los
procuradores y fiscales generales de nuestra Nación, trabajamos para programar,
coordinar y desarrollar acciones en contra de la delincuencia, y con ello
mejorar el acceso a la justicia de los
ciudadanos, su seguridad, la de su patrimonio, la atención a las víctimas del
delito y la protección a las personas intervinientes
en el procedimiento pernal”.
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Así lo señaló Maricela Morales Ibáñez, Procuradora General
de la República, durante la clausura de
la XXVIII Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que
indicó que la coordinación y la
cooperación son premisas fundamentales para salvaguardar la vigencia plena del
Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, sin excepciones, preferencias o
abusos.
Con la presencia del
procurador General de Justicia de Jalisco, y decano de dicho evento, Tomás
Coronel Olmos; Miguel Ángel Borja Tovar, integrante del Consejo de
Participación Ciudadana de la PGR; Víctor Manuel Aguilar Ramírez, general
Brigadier médico cirujano; Andrea Ambrogi Domínguez, síndico municipal de
Puebla y Álvaro Villar Osorio, representante del Tribunal Superior de Justicia de
Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador de Justicia de Puebla,
destacó que la conferencia nacional se va consolidando como un terreno fértil
en el que la corresponsabilidad entrega buenos dividendos a corto, mediano y
largo plazo.
“Las puertas de la entidad
quedan abiertas para todos en el ámbito de nuestra responsabilidad compartida,
pero también en el ámbito personal y
familiar. El gobierno del estado de Puebla y el Procurador de Puebla tienen
aliados para la gestión de los asuntos
públicos, estén seguros que en Puebla tienen un compañero y un amigo, tengo confianza
y esperanza en el futuro de la procuración de justicia a partir de episodios
como el que hoy estamos cerrando”, resaltó.
Por su parte Maricela Morales Ibáñez, explicó que durante
la reunión se establecieron acuerdos
relevantes en materia de actualización de normatividad, pero sobre todo se
logró establecer el espacio ideal y necesario para la coordinación y la cooperación.
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Los acuerdos de la reunión son:
-En el marco
de la estrategia nacional de combate al secuestro, se aprobó el contenido de
los protocolos operativos bajo los cuales guiarán su actuar las Unidades
Especializadas de Combate al Secuestro en materia de actuación en secuestros,
vigilancia no intrusiva, atención a las víctimas y búsqueda de indicio.
-Se aprobó
un protocolo que regirá la búsqueda de indicios en materia de genética en
lugares donde víctimas de dicho ilícito hayan sido localizadas.
-En materia
de atención al narcomenudeo se aprobó el protocolo de actuación de los Centros
de Operación Estratégica, que articula nuestras capacidades y homologa
criterios para el combate a dicho ilícito, bajo una clara definición de tareas
y áreas de responsabilidad de los niveles de gobierno que intervienen en la
atención de los mismos.
-Se aprobó
un protocolo de actuación que nos permitirá mayor efectividad y homologar en
todo el país los procedimientos de actuación en contra de la trata de personas.
-Se aprobó
un diagnóstico de carácter nacional que permitirá instrumentar el Programa con
prioridad nacional denominado “Genética Forense”, y por ende fortalecer la Base
de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información, a fin de
que se constituya como un instrumento útil en las investigaciones
ministeriales.
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-A efecto de
lograr la implementación del programa denominado Huella Balística y Rastreo
Computarizado de Armamento, se acordó impulsar la firma de los convenios
específicos de colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de
Información Balística (IBIS), entre la Procuraduría General de la República y
las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, con varias de las
cuales ya se firmaron estos instrumentos.
-Con base en
un análisis del marco jurídico vigente en la materia, se aprobó una propuesta
de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a fin de fortalecer
la integración de la Base de Datos de Identificación Balística (IBIS), con la
información de la huella balística de las armas de las empresas de seguridad
privada y de particulares con licencia para su portación, y a partir de ello
contar con un mayor número de registros en la materia.
-A partir de
un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, elaborado
por la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, se acordó alinear
esfuerzos con dicha instancia, para iniciar un proceso de difusión y
capacitación respecto a dicho instrumento, dirigido al personal sustantivo de las
instancias de procuración de justicia.
-Por otra
parte, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
agradece el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de América por
acompañar nuestros esfuerzos en la transición al modelo acusatorio de justicia
penal.
-En ese
sentido, se coincidió en ampliar el alcance del modelo de capacitación
denominado “Diamante”, implementado en la Procuraduría General de la República,
para que sus beneficios alcancen a todas las procuradurías de justicia y
fiscalías generales de las entidades federativas.
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-Se refrendó
el interés por mantener y potenciar la alianza estratégica que se ha conformado
con la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de los
Estados Unidos de América reconociendo los aportes de su programa de
capacitación presencial dirigido al desarrollo de habilidades para el juicio
oral del personal ministerial, policial de investigación y pericial de nuestras
instituciones.
-En atención
a ello, se acordó impulsar a través de las instancias respectivas que dicha
capacitación sea accesible a las procuradurías y fiscalías del país, a través
de los fondos federales disponibles para este propósito.
-En este
mismo sentido de consolidación de esfuerzos, se ha suscrito un convenio que
permitirá consolidar la articulación de capacidades y efectuar un mayor número
de acciones operativas en el combate de ilícitos que dañan los derechos de
autor y la propiedad industrial, generando un frente común de colaboración
entre las autoridades federales y estatales en dicha materia.
-Se
abordaron aspectos relacionados con el inicio de procedimientos de declaración
de ausencia y de presunción de muerte, ello para avanzar en la promoción de los
procesos de reformas de las legislaciones locales y federal, en lo concerniente
a la disminución de los plazos en dichos procedimientos y facilitar a los
familiares de personas y servidores públicos ausentes, un acceso expedito a los
beneficios que por ley les corresponden.
-A fin de
fortalecer los servicios periciales y elevar la calidad profesional de los
peritos, se acordó impulsar la certificación en su respectiva especialidad y
avanzar a través del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la definición de los
lineamientos para dicho proceso.
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-Por otra
parte, se analizaron los contenidos y alcances de la nueva Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
y se acordó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para que se otorguen apoyos a las entidades federativas, a
efecto de que puedan constituir Unidades de Inteligencia Patrimonial y
Económica dentro de la estructura orgánica de sus instituciones de procuración
de justicia.
-Se analizó
también la importancia de implementar los mecanismos necesarios para proteger a
las personas que intervienen en los procedimientos penales, en armonía con lo
previsto en las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas,
así como de las legislaciones federal y local en materia de protección a
personas.
-Derivado de
lo anterior, se acordó que la Procuraduría General de la República, elabore y
remita a cada una las instancias locales de procuración de justicia, para su
análisis y promoción, un proyecto de iniciativa para reformar su respectiva
legislación a efecto de facultar a los Directores del Registro Civil para
expedir, cuando lo solicite la autoridad local o federal competente, las actas
de nacimiento que posibiliten un cambio de identidad.
-Para la
atención integral de la problemática delincuencial y de los flujos migratorios
en la Frontera Sur, se acordó convocar a las Secretarías de Gobernación,
Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a fin de analizar y
mejorar las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del
territorio nacional, así como adoptar mecanismos biométricos para dicho efecto.
-Gestionar
el incremento del despliegue de elementos de las fuerzas federales en la
Frontera Sur, para garantizar acciones contundentes en las labores de
protección en esta región del país
-Y solicitar
al Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluir a partir del próximo
ejercicio fiscal, una nueva partida presupuestal a través del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, para contar con un rubro de recursos
que permitan el financiamiento de las acciones encaminadas al desarrollo de la
plataforma tecnológica para un mejor control migratorio y el combate a la
delincuencia en la frontera sur.
-De igual
forma, se asumió el compromiso de actualizar y depurar los registros de las
bases de datos relacionadas con el robo de vehículos.
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-Por otra
parte, se reiteró el compromiso con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, a fin de continuar aportando la información necesaria para la
integración del Censo Nacional de Procuración de Justicia, por constituir una
fuente especializada de consulta, útil para el diseño o perfeccionamiento de
políticas públicas en la materia.
-En ese
sentido, también se acordó avanzar en la implementación de la Norma Técnica
para la Clasificación Estadística del Delito y consolidar la generación de
indicadores en materia de procuración de justicia.
Al respecto
la procuradora General de la República destacó, “Estos compromisos y su cabal
cumplimiento es una muestra clara de la responsabilidad de las instituciones
que integramos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y es a
través de estas acciones, acompañadas del trabajo responsable como externamos
nuestro compromiso indeclinable a favor de construir y mantener la cultura de
la legalidad en México”.
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Finalmente enfatizó que “como
mujeres y hombres de ley, nuestra responsabilidad es hacer cumplir con los designios de esta gran
nación, como ciudadanos nuestra obligación es exigir el cumplimiento irrestricto de este designio y
como madres y padres de familia nuestra aspiración es hacer realidad nuestros deseos de un México mejor para nuestros hijos”.
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