Más de cuatro mil cajas aseguradas en cateos, funcionarios siguen detenidos.

Más de cuatro mil cajas con información valiosa de cuentas del sexenio marinista son ubicadas en cateos realizados con orden judicial

· La documentación permanece asegurada dada la relevancia de la misma

· Funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior siguen detenidos

Más de cuatro mil cajas con información valiosa de cuentas públicas del sexenio de Mario Marín Torres, están aseguradas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Lo anterior resultado de cateos realizados con orden judicial debido a que la Comisión Inspectora del Congreso del estado solicitó de la PGJ la realización de una inspección ministerial en las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a fin de evitar que en dichas instalaciones se vaya a realizar la sustracción, destrucción, manipulación u ocultamiento de la información que se encuentra en dicho órgano. La diligencia se llevó a cabo en presencia de los diputados miembros de la citada comisión y con base en las facultades de supervisión que les corresponden.

En tanto, por el delito de robo de documentos, fueron consignados en el juzgado tercero de lo penal y permanecen detenidos tres funcionarios del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Se trata de RAFAEL GRAJALES MARTÍNEZ, LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y JORGE FLORES OCAÑA, director General Administrativo, jefe del departamento de Recursos Materiales de Adquisiciones y Servicio y el encargado de la bodega, respectivamente.

La PGJ continúa realizando las investigaciones que permitan establecer quién o quiénes dieron la orden directa del traslado ilegal de la información de cuentas públicas referentes al sexenio de Mario Marín Torres.

Se cumplió con la ley al poner a disposición del Tribunal Superior de Justicia a los dieciséis trabajadores que fueron asegurados en el momento en que descargaban la documentación oficial, mismos que fueron puestos en libertad por el juzgado tercero de lo penal considerando que los estibadores fueron utilizados para la sustracción de los documentos en virtud de que simplemente cumplieron con una orden de terceros.

La PGJ se opuso a la libertad caucional de los tres funcionarios del OFS que siguen detenidos,toda vez que RAFAEL GRAJALES MARTÍNEZ, director General Administrativo del OFS, otorgó un domicilio falso para realizar las diligencias del tema. Se ordenó un cateo y al llegar al sitio la juez que practicaba la diligencia pudo constatar que en el domicilio vivía otra familia, motivo por el cual la PGJ se opuso a la libertad caucional por lo que los funcionarios permanecerán en prisión hasta que se resuelva la apelación respectiva.

La Procuraduría General de Justicia continuará actuando con apego a la legalidad en torno a este caso que dada la relevancia implica la colaboración de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


Boletín 0539.171011