- Se refrenda el compromiso de actuar con todo el rigor contra quienes transgredan la ley
Con base en los elementos de prueba recabados
por la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del
ministerio público metropolitana sur, la Procuraduría General de Justicia consignó
a la autoridad judicial a Pascuala Pérez Acero y Eduardo Ramos Báez quienes
enfrentan cargos por motín, daño en propiedad ajena y delitos cometidos contra funcionarios
públicos a raíz de los disturbios ocurridos el pasado sábado en la junta
auxiliar La Resurrección.
Ambos quedaron a disposición del Juez Sexto
de Defensa Social bajo la averiguación previa 2858/2012/7ª, dentro de la cual
el Ministerio Público reunió diversas pruebas que documentan la participación de
Eduardo Ramos Báez y su esposa Pascuala Pérez en la retención de cuatro
policías municipales que realizaban su trabajo, en respuesta al llamado de
auxilio de un ciudadano, y la quema de dos patrullas de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla.
La pareja se encuentra a disposición de la
autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, autoridad
que se encargará de resolver su situación jurídica.
La Procuraduría General de Justicia, por
conducto del Ministerio Público y Policía Ministerial, continúa con las investigaciones
en torno a otras personas implicadas en los hechos delictivos, mientras tanto
se refrenda el compromiso de actuar con todo el rigor contra quienes
transgredan la ley.
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