viernes, 2 de noviembre de 2012

Asamblea nacional de Procuradores se consolida como factor para el futuro de la Procuración de Justicia: Víctor Carrancá Bourget


“Con absoluto respeto a la soberanía de cada entidad federativa y en un marco de confianza, los procuradores y fiscales generales de nuestra Nación, trabajamos para programar, coordinar y desarrollar acciones en contra de la delincuencia, y con ello mejorar el acceso  a la justicia de los ciudadanos, su seguridad, la de su patrimonio, la atención a las víctimas del delito  y la protección a las personas intervinientes  en el procedimiento pernal”.



Así lo señaló  Maricela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, durante la clausura  de la XXVIII Sesión Plenaria de la Conferencia  Nacional de Procuración de Justicia, en la que indicó que la coordinación  y la cooperación son premisas fundamentales para salvaguardar la vigencia plena del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, sin excepciones, preferencias o abusos.

Con la presencia del procurador General de Justicia de Jalisco, y decano de dicho evento, Tomás Coronel Olmos; Miguel Ángel Borja Tovar, integrante del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR; Víctor Manuel Aguilar Ramírez, general Brigadier médico cirujano; Andrea Ambrogi Domínguez, síndico municipal de Puebla y Álvaro Villar Osorio, representante del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador de Justicia de Puebla, destacó que la conferencia nacional se va consolidando como un terreno fértil en el que la corresponsabilidad entrega buenos dividendos a corto, mediano y largo plazo.


“Las puertas de la entidad quedan abiertas para todos en el ámbito de nuestra responsabilidad compartida, pero también en el ámbito personal  y familiar. El gobierno del estado de Puebla y el Procurador de Puebla tienen aliados  para la gestión de los asuntos públicos, estén seguros que en Puebla tienen un compañero y un amigo, tengo confianza y esperanza en el futuro de la procuración de justicia a partir de episodios como el que hoy estamos cerrando”, resaltó.

Por su parte  Maricela Morales Ibáñez, explicó que durante la reunión se establecieron acuerdos relevantes en materia de actualización de normatividad, pero sobre todo se logró establecer el espacio ideal y necesario para la coordinación y la cooperación.


Los acuerdos de la reunión son:

-En el marco de la estrategia nacional de combate al secuestro, se aprobó el contenido de los protocolos operativos bajo los cuales guiarán su actuar las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro en materia de actuación en secuestros, vigilancia no intrusiva, atención a las víctimas y búsqueda de indicio.

-Se aprobó un protocolo que regirá la búsqueda de indicios en materia de genética en lugares donde víctimas de dicho ilícito hayan sido localizadas.
-En materia de atención al narcomenudeo se aprobó el protocolo de actuación de los Centros de Operación Estratégica, que articula nuestras capacidades y homologa criterios para el combate a dicho ilícito, bajo una clara definición de tareas y áreas de responsabilidad de los niveles de gobierno que intervienen en la atención de los mismos.

-Se aprobó un protocolo de actuación que nos permitirá mayor efectividad y homologar en todo el país los procedimientos de actuación en contra de la trata de personas.

-Se aprobó un diagnóstico de carácter nacional que permitirá instrumentar el Programa con prioridad nacional denominado “Genética Forense”, y por ende fortalecer la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información, a fin de que se constituya como un instrumento útil en las investigaciones ministeriales.


-A efecto de lograr la implementación del programa denominado Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, se acordó impulsar la firma de los convenios específicos de colaboración para ingresar datos en el Sistema Integrado de Información Balística (IBIS), entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, con varias de las cuales ya se firmaron estos instrumentos.

-Con base en un análisis del marco jurídico vigente en la materia, se aprobó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a fin de fortalecer la integración de la Base de Datos de Identificación Balística (IBIS), con la información de la huella balística de las armas de las empresas de seguridad privada y de particulares con licencia para su portación, y a partir de ello contar con un mayor número de registros en la materia.

-A partir de un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, elaborado por la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, se acordó alinear esfuerzos con dicha instancia, para iniciar un proceso de difusión y capacitación respecto a dicho instrumento, dirigido al personal sustantivo de las instancias de procuración de justicia.
-Por otra parte, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia agradece el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de América por acompañar nuestros esfuerzos en la transición al modelo acusatorio de justicia penal.

-En ese sentido, se coincidió en ampliar el alcance del modelo de capacitación denominado “Diamante”, implementado en la Procuraduría General de la República, para que sus beneficios alcancen a todas las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas.


-Se refrendó el interés por mantener y potenciar la alianza estratégica que se ha conformado con la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de los Estados Unidos de América reconociendo los aportes de su programa de capacitación presencial dirigido al desarrollo de habilidades para el juicio oral del personal ministerial, policial de investigación y pericial de nuestras instituciones.

-En atención a ello, se acordó impulsar a través de las instancias respectivas que dicha capacitación sea accesible a las procuradurías y fiscalías del país, a través de los fondos federales disponibles para este propósito.

-En este mismo sentido de consolidación de esfuerzos, se ha suscrito un convenio que permitirá consolidar la articulación de capacidades y efectuar un mayor número de acciones operativas en el combate de ilícitos que dañan los derechos de autor y la propiedad industrial, generando un frente común de colaboración entre las autoridades federales y estatales en dicha materia.

-Se abordaron aspectos relacionados con el inicio de procedimientos de declaración de ausencia y de presunción de muerte, ello para avanzar en la promoción de los procesos de reformas de las legislaciones locales y federal, en lo concerniente a la disminución de los plazos en dichos procedimientos y facilitar a los familiares de personas y servidores públicos ausentes, un acceso expedito a los beneficios que por ley les corresponden.

-A fin de fortalecer los servicios periciales y elevar la calidad profesional de los peritos, se acordó impulsar la certificación en su respectiva especialidad y avanzar a través del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la definición de los lineamientos para dicho proceso.


-Por otra parte, se analizaron los contenidos y alcances de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se acordó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se otorguen apoyos a las entidades federativas, a efecto de que puedan constituir Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica dentro de la estructura orgánica de sus instituciones de procuración de justicia.

-Se analizó también la importancia de implementar los mecanismos necesarios para proteger a las personas que intervienen en los procedimientos penales, en armonía con lo previsto en las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, así como de las legislaciones federal y local en materia de protección a personas.

-Derivado de lo anterior, se acordó que la Procuraduría General de la República, elabore y remita a cada una las instancias locales de procuración de justicia, para su análisis y promoción, un proyecto de iniciativa para reformar su respectiva legislación a efecto de facultar a los Directores del Registro Civil para expedir, cuando lo solicite la autoridad local o federal competente, las actas de nacimiento que posibiliten un cambio de identidad.

-Para la atención integral de la problemática delincuencial y de los flujos migratorios en la Frontera Sur, se acordó convocar a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a fin de analizar y mejorar las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del territorio nacional, así como adoptar mecanismos biométricos para dicho efecto.

-Gestionar el incremento del despliegue de elementos de las fuerzas federales en la Frontera Sur, para garantizar acciones contundentes en las labores de protección en esta región del país

-Y solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluir a partir del próximo ejercicio fiscal, una nueva partida presupuestal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para contar con un rubro de recursos que permitan el financiamiento de las acciones encaminadas al desarrollo de la plataforma tecnológica para un mejor control migratorio y el combate a la delincuencia en la frontera sur.

-De igual forma, se asumió el compromiso de actualizar y depurar los registros de las bases de datos relacionadas con el robo de vehículos.


-Por otra parte, se reiteró el compromiso con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de continuar aportando la información necesaria para la integración del Censo Nacional de Procuración de Justicia, por constituir una fuente especializada de consulta, útil para el diseño o perfeccionamiento de políticas públicas en la materia.

-En ese sentido, también se acordó avanzar en la implementación de la Norma Técnica para la Clasificación Estadística del Delito y consolidar la generación de indicadores en materia de procuración de justicia.


Al respecto la procuradora General de la República destacó, “Estos compromisos y su cabal cumplimiento es una muestra clara de la responsabilidad de las instituciones que integramos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y es a través de estas acciones, acompañadas del trabajo responsable como externamos nuestro compromiso indeclinable a favor de construir y mantener la cultura de la legalidad en México”.


Finalmente enfatizó que “como mujeres y hombres de ley, nuestra responsabilidad es  hacer cumplir con los designios de esta gran nación, como ciudadanos nuestra obligación es  exigir  el cumplimiento irrestricto de este designio y como madres y padres de familia nuestra aspiración es  hacer realidad  nuestros deseos  de un México mejor para nuestros hijos”.

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